El futuro del agua pasa por la gobernanza ya que, tal y como defiende Naciones Unidas, promueve valores como la transparencia y la responsabilidad. «Hacer frente a los desafíos del futuro en materia del agua plantea no sólo el cuestionamiento de qué hacer, sino también quién hace qué y por qué, a qué nivel de gobierno y el cómo», asegura la OCDE al abordar este asunto, tal y como recogí en un artículo de este Blog.
Si nos referimos a la gobernanza del agua en nuestro país, desde mi punto de vista, pasa por contar con un regulador único independiente y profesional. Actualmente, el sector del agua es una competencia municipal, por tanto, se trata de un servicio municipalizado. Lo que reclamamos – y que actualmente no existe- es alguien que fije las condiciones mínimas que debe cumplir el servicio para, de esta forma, hacer frente a retos concretos que tenemos que asumir como son la obsolescencia de las infraestructuras, el cambio climático, la reutilización o la aplicación de la tecnología.
En la misma línea se ha pronunciado desde hace años la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), de la que forman parte tanto empresas privadas como públicas. Desde esta organización – de la que somos parte-, se ha venido reclamando el establecimiento de un marco regulador estable que haga sostenibles los servicios de abastecimiento y saneamiento. Un regulador independiente, con el objetivo de armonizar los niveles de prestación de los servicios y las estructuras tarifarias, así como la transparencia, que fije las condiciones mínimas del sector del agua de una manera profesional.
Las ventajas de contar con una figura de este tipo son numerosas ya que, a la mencionada transparencia, aportaría unos criterios fijos a la hora de definir la calidad del servicio para todo el territorio. Así, habría uniformidad en aspectos como la presión a la que debe llegar el agua a los pisos (en Barcelona se sitúa en el piso séptimo, mientras que en Madrid se deja a pide de finca siendo las comunidades de vecinos las que suben el agua con el consecuente gasto); la calidad del agua en lo que se refiere a la cantidad de cloruros y la cantidad de bromuros (que podría ir más allá de la propia normativa comunitaria actual); determinar las inversiones estratégicas, o establecer el tiempo máximo del corte del servicio en caso de averías. En todos estos casos, el regulador marcaría unas normas claras para todos y, en caso de incumplimiento, unas sanciones determinadas.
Por lo tanto, gobernanza, más exigencia y más transparencia. Los países en los que es más fácil hacer el benchmark, en los que se aplica la normativa vigente y en los que se exige que se cumplan los mínimos que garanticen la prestación del servicio son precisamente Chile e Inglaterra, con un regulador fuerte, que tiene muy controlado al prestador del servicio. Allí donde hay un regulador riguroso y coherente, el nivel de transparencia aumenta y todo ello contribuye a un mejor funcionamiento del servicio. Nosotros estamos por este sistema de un regulador fuerte y profesional.
Por determinar estaría la forma que tendría ese regulador que,en mi opinión, debe contar con un área muy concreta y definida de regulación siendo la cuenca hidrográfica una posibilidad. Pero esa cuestión está aún por definir, lo que sí debe quedar claro es que se tendría que constituir con el consenso de todos y con la participación de instituciones, sociedad civil, asociaciones profesionales y sindicatos, entre otros. Una vez más, el trabajo cooperativo y las alianzas, tal y como demanda Naciones Unidas en sus ODS, son clave para la construcción de un futuro donde un recurso vital como el agua esté protegido y al alcance de todos.
Este artículo es parte de algunas de las reflexiones que expuse en la entrevista que el pasado 22 de junio tuvo lugar en el programa «El Món» en RAC1. En este enlace (a partir del minuto 10:23) pueden escuchar la intervención completa.