La historia de la Constitución española es, sin duda, una historia de éxito que nos ha aportado un marco normativo estable en los últimos 40 años y que ha permitido desarrollar nuestra sociedad en todos los ámbitos, también en el económico y el empresarial. De hecho, la evolución que ha experimentado nuestra actividad -la gestión del agua- durante este periodo tiene mucho que ver con este marco de estabilidad del que se dotó España y que fue plasmada en nuestra Constitución de 1978.

Fue el texto constitucional el que estableció la actual organización territorial del Estado, atribuyendo un importante papel a los municipios y a las ciudades, a los que proporciona plena autonomía. La carta magna consagra, además, que las haciendas locales deben contar con medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley les atribuye, entre ellas, los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado.

En la mejora de la calidad de vida en las ciudades, la gestión del agua ha tenido mucho que ver. Las ciudades de nuestro país son lo que son también gracias a una trayectoria de excelencia en la gestión del ciclo integral del agua de la mano de profesionales.

En estos cuarenta años, la transformación ha sido espectacular en aspectos como:

– Continuidad del servicio. Han desaparecido las restricciones de agua de manera estructural.

– Calidad del agua. Los sistemas de tratamiento se han ido sofisticando: carbón activado, ozono, tratamientos por membranas, etc. 

– Saneamiento. En los años ochenta, prácticamente no había tratamiento de aguas en España. Desde entonces se ha logrado alcanzar altas cotas de depuración, aunque, como todos ustedes saben, todavía no se ha conseguido el completo cumplimiento de la norma europea, que exige el 100% de depuración en municipios de más de 15.000 habitantes. En ese sentido, España ha recibido por parte de la Comisión Europea sanciones por los incumplimientos en el ámbito de la depuración de las aguas urbanas. La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afecta a 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

La historia de nuestra Constitución es una historia de éxito, también porque ha logrado ser garante de la unidad del mercado español, proporcionando un marco de crecimiento a las empresas que hoy, por ejemplo, operan con la misma agilidad y solvencia tanto en el mercado interior como en el exterior.

Si me lo permiten, les relataré un episodio en la historia de nuestra compañía que es muy ilustrativo. En los años en los que la Constitución se fraguaba y daba sus primeros pasos, el Grupo Agbar pasó por unos momentos económicamente complicados provocados, precisamente, por la debilidad institucional al finalizar el régimen anterior, la falta de un marco regulador adecuado y la inestabilidad sociopolítica que impedía la toma de decisiones públicas. Esto se subsanó en las primeras elecciones municipales. El marco estabilizador que otorgaba la carta magna, que se extendió a todos los niveles, a los municipios, es lo que nos permitió superar la parálisis que, en definitiva, estaba afectando a los usuarios, concretamente, a los ciudadanos de Barcelona.

Nuestra Constitución, aunque no hace mención expresa al agua como derecho fundamental, lo considera implícito en otros derechos sí reconocidos, como son el derecho fundamental a la vida, a la salud, al medio ambiente o a una vivienda digna y adecuada. Ninguno de ellos puede ejercerse con plenitud si no existe la garantía previa del derecho al agua.

Cuando en el año 2010 las Naciones Unidas reconoció expresamente el derecho humano al agua y al saneamiento, a la vez se establecieron las condiciones necesarias para que fuera realidad. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. En nuestra calidad de gestores de un bien esencial, una gestión basada en la colaboración público-privada, las características descritas por la ONU son seña de identidad en nuestra gestión y nos convierten, por tanto, en garantes de este derecho humano en los territorios donde estamos presentes.

Como habéis comentado antes, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla: no ha habido un hito histórico en el desarrollo de nuestro país que no haya sido vertebrado gracias a la colaboración público-privada. Esta se ha consolidado como un modelo de éxito en casi todos los sectores que requieren grandes infraestructuras para contribuir al progreso económico y social del país.

También en el sector del agua, la hibridación entre la voluntad de servicio público y la sostenibilidad económica son fundamentales para la consagración definitiva de ese derecho: sin el obligado contraste con la realidad, sin sostenibilidad económica, los derechos son una entelequia.

El agua es un bien público y, en lo que se refiere a su gestión, esta puede ser pública o privada bajo control público. Además, en este último caso, el gestor privado está sujeto a una regulación que permite a la Administración ejercer facultades de supervisión y control en todos los planos.

En los últimos tiempos, oímos hablar de remunicipalización. Lo cierto es que tiene poco sentido como concepto y, si me permiten, ningún sentido semántico, pues es una palabra no reconocida por la Real Academia Española de la Lengua. Como decía, el agua es pública, ya es de dominio municipal, con lo cual, no cabe remunicipalizarla. En todo caso, cabe el debate sobre el modelo de gestión: si la gestión la realiza un ente público o privado, o si se lleva a cabo a través de una fórmula intermedia.

En nuestra ciudad de origen, Barcelona, a lo largo de más de un siglo y medio de historia (el año pasado celebramos el 150 aniversario), el binomio de la colaboración público-privada de Aigües de Barcelona ha demostrado ser un éxito de modelo de gestión responsable, que se materializa en la acción social, la gestión medioambiental y la configuración de un modelo empresarial sólido, que posibilita la garantía y la preservación del valor compartido. La configuración como sociedad mixta conjuga el interés de la Administración por estar más presente en la gestión con la experiencia, el saber hacer y el dominio de la tecnología de la empresa privada.

Cierto es que, en España, con 8.124 municipios y, por tanto, el mismo número de reguladores, necesitamos avanzar en la actual regulación del sector y fortalecerla como una solución fundamental para solventar los desequilibrios hídricos territoriales. Del mismo modo, necesitamos situar el conocimiento técnico en el centro de las decisiones y evitar, de esta manera, que posiciones ideológicas frenen el desarrollo y la implantación de soluciones efectivas. Para ello, necesitamos gobernanza, que significa saber claramente cuál es el papel que asume cada uno, así como cuáles son sus responsabilidades.

Desde esta perspectiva, entiendo que debemos contar (como ya se hace en otros territorios, como el Reino Unido o Chile) con un regulador único. Las ventajas de contar con una figura de este tipo son numerosas, ya que aportaría unos criterios fijos a la hora de definir la calidad del servicio para todo el territorio. También podría definir las inversiones estratégicas teniendo en cuenta el envejecimiento de las infraestructuras. El regulador marcaría unas normas claras para todos y, en caso de incumplimiento, unas sanciones determinadas.

La gobernanza requiere que el agua sea tema de Estado y que se alcancen los acuerdos que sean necesarios para asegurar el suministro. Es ilustrativo lo ocurrido esta primavera en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una ciudad dinámica y destino turístico que prácticamente se ha quedado sin suministro de agua potable. Una situación que se ha intentado resolver con medidas de restricción de uso, incluso para los visitantes.

La experiencia adquirida durante estos años señala que, para desarrollar nuestra actividad -la gestión eficiente de un bien público-, se requiere de un marco claro de referencia, así como estabilidad institucional. La comprensión de las necesidades de los territorios nos ha permitido desarrollar nuestra actividad en países tan distintos como Cuba, China, Chile o Estados Unidos. De la misma manera, la ausencia de un marco de referencia claro en otras geografías ha supuesto la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad, como fue el caso de Argentina en los años dos mil.

Por lo tanto, es necesaria esa gobernanza para disponer de más exigencia y más transparencia y cooperación entre todos los agentes implicados para dar respuesta a los retos que plantea el sector del agua. La propia organización de Naciones Unidas reconoce la fortaleza y la necesidad de esa colaboración público-privada. La importancia de las alianzas para avanzar hacia un mundo mejor. Así se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que, como saben, consisten en unos objetivos -17 en concreto- universales, establecidos para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitamos.

Entre estos objetivos, el agua tiene uno propio, el número 6: garantizar la disponibilidad universal de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Debemos recordar que todavía existen 2.000 millones de personas sin acceso y disponibilidad en el hogar de agua potable y 4.500 millones sin servicios de saneamiento seguros, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef. Por lo tanto, además de este objetivo número 6, el agua desempeña un papel transversal, puesto que es necesaria una mejor gestión de este recurso para conseguir el resto de los objetivos. A modo de ejemplo, no podemos acometer el objetivo número 1, la erradicación de la pobreza, sin haber conseguido materializar el acceso universal al agua y al saneamiento.

Sabemos que para lograr el éxito necesitamos los distintos agentes implicados, y eso es lo que establece el último de los objetivos, el número 17, denominado «Alianzas para lograr los objetivos». Todos debemos implicarnos en ello: las administraciones públicas, las universidades, el sector privado y los ciudadanos. Todos tenemos una responsabilidad, cada uno desde su ámbito.

Juntos debemos articular respuestas ante cuestiones esenciales para la sostenibilidad del planeta, como son el cambio climático, la sequía, la inmigración o el aumento poblacional. Esas respuestas no solo deben llegar en el ámbito de país, sino que deben llegar desde ámbitos supranacionales. En concreto, y fundamentalmente, desde una Europa coordinada y con objetivos claros, que es donde podemos influir de forma más directa.

Me considero profundamente europeísta y, en ese sentido, los de una generación como la mía agradecemos a la Constitución de 1978 que nos permitiese formar parte del club comunitario que tantos beneficios ha aportado a nuestro país.

Precisamente en estos momentos, como país, contamos con la oportunidad de participar en la revisión de la directiva relativa a la calidad del agua destinada al consumo humano. La anterior versión no contó con la participación de España en su elaboración y sería interesante, si no imprescindible, que incorporase la visión de la Europa del sur, ya que representa características singulares y muy distintas y diferentes respecto al resto de los países europeos.

Esta revisión está incluida como parte de la implementación del paquete de economía circular con el que la Comisión Europea quiere ayudar a las empresas y a los consumidores europeos en la transición a una economía circular, donde se utilicen los recursos de un modo más sostenible, teniendo en consideración que no son infinitos.

El cambio de paradigma hacia una economía circular ha de ser una cuestión prioritaria. Las empresas tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. Como agente de cambio, debemos situar este nuevo enfoque en el centro de nuestra estrategia y ponerlo en práctica en nuestro día a día, cada uno en su sector, con objetivos concretos y cuantificables y con un compromiso inamovible con el desarrollo sostenible. En nuestro caso, promovemos el cambio de modelo lineal a circular para reducir el consumo energético y de materias primas y alcanzar, así, la autosuficiencia energética en el tratamiento del agua.

Ese cambio de paradigma viene, en nuestro caso, por la transformación de las tradicionales plantas de tratamiento de aguas en biofactorías, donde recuperamos agua, recursos y energía. La primera de ellas la hemos instalado en Santiago de Chile. Allí se ha superado la visión tradicional sobre el tratamiento de las aguas depuradas y hemos generado un nuevo paradigma: se ha alcanzado el 100% del tratamiento de las aguas y ahora se busca conseguir cero residuos, cero contaminación y autosuficiencia energética, aportando, además, valor positivo social y medioambiental.

Este hito ha recibido el premio Momentum for Change, otorgado por la ONU en el marco de un evento celebrado la última semana de septiembre en Nueva York. En este caso, la participación público-privada ha sido clave. Estamos muy satisfechos por ello, pero nos hubiese gustado desarrollar la iniciativa en nuestro país, en una de nuestras ciudades. Lo cierto es que no ha habido el suficiente alineamiento con la Administración para hacerlo realidad y, en cambio, sí lo ha habido en Chile. El conocimiento no tiene fronteras y un proyecto ideado en nuestra geografía puede cuajarse perfectamente en otro territorio si dispone de un entorno que ofrezca el suficiente compromiso para ponerlo en marcha. Quien sale beneficiada al final, además del planeta, es la ciudadanía.

Mencionaba antes cómo la Constitución nos había proporcionado un marco de crecimiento que ha permitido a las empresas operar en el exterior. Sin duda, esta capacidad de actuar en el ámbito global de las empresas españolas tiene su vertiente más positiva cuando hablamos de cooperación. En nuestro caso, cooperamos aportando conocimiento, innovación y tecnología que mejoran la disponibilidad de los recursos hídricos, pero, sobre todo, que transforman la vida de millones de personas en los países menos avanzados.

Me gustaría explicarles un ejemplo destacado de cooperación en el exterior y con evidentes efectos positivos en el desarrollo de la comunidad. Es el caso del barrio Nelson Mandela, en una de las zonas más pobres de Cartagena de Indias, en Colombia. De los más de 30.000 habitantes del barrio, ya entrados en la década del dos mil, muy pocos contaban con un servicio básico de saneamiento. Hoy, gracias al trabajo conjunto, una vez más, de entidades públicas y privadas y a la cooperación internacional, cuentan con unas instalaciones hidráulicas apropiadas para el desarrollo de la comunidad, lo que se traduce en un acceso al agua y al saneamiento para prácticamente toda la población. La calidad de vida de la población, antes expuesta a situaciones de insalubridad, ha mejorado de forma sustancial.

Aunque, como hemos visto anteriormente, en la legislación se prioriza el agua para el uso urbano, lo cierto es que el agua que se consume en las ciudades representa solo un 12% del agua que consumimos. La industria consume un 18% y en la agricultura se consume hasta el 70%, por lo que es el ámbito donde deberíamos esforzarnos más para incrementar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos hídricos.

Es importante tener en cuenta un nuevo concepto, el de huella hídrica (o water footprint, en inglés), una herramienta que utilizamos cada vez más para medir la eficiencia en la gestión del agua, que se refiere al volumen total de agua dulce necesaria para producir los bienes y servicios. Así, un tomate para cuyo cultivo han sido necesarios 210 litros de agua es menos eficiente desde el punto de vista de gestión del recurso que uno para el que solo se han utilizado 190 litros. En la producción de alimentos y bienes industriales, la huella hídrica debería ser cada vez menor y va a ser uno de los parámetros que cada vez se va a utilizar más en el ciclo.

El agua es un elemento esencial, un elemento indiscutible de progreso social y humano. Lo es y lo ha sido a lo largo de la historia.

Y ahora, ¿en qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en lo que nosotros llamamos la revolución de los recursos, que comienza hacia finales del siglo xx -en concreto, con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992)-, cuando los líderes mundiales reconocen que la protección del planeta es una prioridad. Es el momento en el que se comienza a ser consciente del cambio climático y sus efectos. Hemos de estar atentos a las características diferenciales de esta revolución: es circular -como he comentado antes-, colaborativa -también lo he recordando a lo largo de mi exposición- y basada, quizás más que en anteriores revoluciones, en soluciones concretas y disruptivas.

En el momento actual, la amenaza del cambio climático exige una transformación, un cambio en la manera en que afrontamos nuestra relación con el entorno y el compromiso de preservar y garantizar los recursos naturales para todos en el futuro. En este contexto, son fundamentales las cumbres COP (Conferencia de las Partes) para el cambio climático. La próxima edición, la COP24, como sabéis será en diciembre, en Katowice, Polonia. Será un nuevo punto de encuentro para ver cómo avanzan los países en la implementación del Acuerdo de París, que se firmó en la COP21.

En referencia a uno de los recursos más esenciales para la vida, el agua, el cambio climático provoca anualmente graves daños materiales debido a inundaciones, dificultad en el acceso y alteración de su calidad a causa de las sequías. Según el Banco Mundial, en 2035, el estrés hídrico -una de las principales consecuencias del cambio climático- afectará al 40% de la población mundial.

El desafío del cambio climático obliga a las empresas que gestionamos la totalidad o parte del ciclo del agua a desarrollar sistemas con alta resiliencia. Hay que hacer frente a cambios en el entorno y a situaciones de estrés hídrico: sequías, pero también inundaciones. Llueve menos, pero cuando llueve, lo hace torrencialmente. Como la demanda de agua y saneamiento de las grandes urbes es cada vez mayor, las infraestructuras necesarias deben diseñarse teniendo en cuenta que han de ser altamente resilientes.

Como parte del Grupo SUEZ, promovemos un marco estratégico de trabajo desarrollado en un plan que tiene su traslación específica en el contexto nacional donde recogemos, alineados con los ODS, compromisos en la lucha contra el cambio climático, la preservación y acceso al agua y la autosuficiencia energética.

Me gustaría resaltar, hoy en particular, algunos de estos compromisos, por ejemplo, garantizar el agua a todas las personas en situación de vulnerabilidad, impulsando nuestros fondos y tarifas sociales. Para nosotros es prioritario. En total, en el año 2017, hemos llegado mediante acciones sociales a más de 250.000 beneficiarios. 

Lideramos la lucha contra el cambio climático en la gestión del agua al comprometernos a reducir el 90% de las emisiones de CO2 de nuestra actividad y el consumo de agua por habitante en un 20 %.

Desde SUEZ promovemos la reutilización de agua mediante la gestión de todo tipo de recursos hídricos (agua reutilizada, potable, de lluvia, etc.), impactando positivamente sobre el medio. Aplicamos la gestión responsable del recurso hídrico a todo el ciclo del agua: desde la fase de captación hasta su retorno al medio en forma de agua depurada.

Me detendré un momento en la cuestión relativa a la reutilización, porque poniendo en marcha el sistema de reutilización, mejoraríamos considerablemente la garantía de suministro y disminuiríamos de una manera muy significativa el riesgo de sequía. Solamente el 20% de las aguas que retornan al medio han sido tratadas. Todavía el 80% de las que se vierten al medio tienen carga contaminante. Esto es en la media mundial; en España estamos mejor, pero, como he dicho antes, no lo suficiente.

En Aigües de Barcelona lo tenemos claro y, en los últimos años, lo que llamamos ciclo integral del agua tiene en cuenta la reutilización como única solución a esta realidad más que incontestable y en la que el agua es un recurso limitado. Ustedes saben que el agua la captamos, la potabilizamos, la transportamos y la distribuimos; el ciudadano la usa y, después, a través de la red de saneamiento, la volvemos a depurar. No deberíamos devolverla al medio, sino reutilizarla para volver a potabilizarla y distribuirla. Esto es lo que significa economía circular y lo que supone un desarrollo sostenible.

En el área metropolitana de Barcelona, solamente existe una alternativa a corto plazo: tener un sistema de depuración de aguas residuales perfecto, una asignatura pendiente en casi la totalidad de los municipios en los que operamos. Falta más inversión para que, en una gestión integrada, con una visión global y no solo en periodos de sequía, podamos abordar cuándo se utiliza la desaladora (que es muy costosa desde el punto de vista energético y, por lo tanto, menos sostenible), cómo se utilizan los embalses, cómo se utiliza el agua subterránea y cuándo contamos con la opción de la reutilización.

En definitiva, a las administraciones les pedimos -muchas ya lo hacen, pero no todas- implicación en estos retos de futuro: garantía de suministro, reutilización y depuración, los tres ligados al ciclo hidráulico.

Un dato relevante sobre la necesidad de inversión lo dio la Dirección General del Agua en enero de 2017. Una estimación de cuáles serían las inversiones necesarias hasta 2033 arroja una cifra superior a los 45.000 millones de euros. Esto nos da una dimensión de cuánto nos queda aún por hacer y de la necesidad de seguir trabajando bajo un modelo de colaboración público-privada si queremos cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. 

La población crece y se concentra en grandes urbes, un movimiento demográfico cada vez más evidente. Y esa población demanda, en consecuencia, cada vez más recursos y, por tanto, más agua. Las previsiones apuntan que en 2050 el 66% de los 10.000 millones de seres humanos que habitarán el planeta vivirán en grandes ciudades. Se prevé que para el año 2030 la demanda del agua y los alimentos aumentará un 50% y la de la energía, un 40%. Esto nos obligará a llevar a cabo una gestión diferente de los recursos, como he ido comentando a lo largo del discurso. Es lo que llamamos el trinomio agua-alimentación-energía. Los tres elementos representan los tres vértices de un triángulo indisociable para la vida y el desarrollo humano en el que fluyen las sinergias, pero donde también se van agravando cada vez más las tensiones, por lo que su gestión eficiente tendrá un papel determinante en la agenda internacional de desarrollo sostenible.

Como vemos, vivimos en tiempos de transformación y nuestros modelos empresariales han de adaptarse de forma constante y permanente. Por nuestra trayectoria sabemos de la importancia de anticiparse en la toma de decisiones. 

En conclusión y, para terminar, no perdamos la perspectiva y afrontemos con inteligencia los retos que tenemos por delante. Tenemos ejemplos claros de éxito en lo que se refiere a nuestra capacidad de articular ejercicios consensuados y rigurosos, como la carta magna, gracias a la cual hemos logrado la mayor transformación e incremento general de bienestar en nuestro país en su historia contemporánea.

Una evolución que se ha consolidado a través de la colaboración público-privada, que nos ha permitido lograr el actual nivel de desarrollo. Mantengamos este modelo de éxito que tantos beneficios nos ha reportado. Sigamos la estela de la carta magna y avancemos en la vertebración de un sistema eficiente que requerirá de una gobernanza del agua más rigurosa que nos permita ser capaces de anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que presentamos un proyecto sólido y sostenible a potenciales inversionistas. En el entorno actual, es imperativo actuar para garantizar la resiliencia de nuestras ciudades, de nuestras zonas rurales y de nuestras costas ante la amenaza del cambio climático.

Inspirémonos y tomemos ejemplo del espíritu de la Constitución, cooperemos y establezcamos metas que nos ayuden a lograr un futuro viable para las próximas generaciones.

Este artículo corresponde a la intervención que realicé con motivo de mi participación en el acto «La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España (1978-2018)», que tuvo el 8 de octubre de 2018 en el Congreso de los Diputados, en el marco del 40 aniversario de la Constitución española.