Como es bien sabido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y representa el referente global en cuanto a los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales que tiene todo ser humano al nacer. Pese a que el artículo 25 de la Declaración original ya establecía que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure […] la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», no se incluía el derecho al agua como indispensable para la calidad de vida y la dignidad humanas.
Fue necesario esperar hasta el 28 de julio de 2010, apenas cinco años atrás, para que la ONU reconociera explícitamente el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano básico. Personalmente, me sorprende que se haya tardado tanto en dar al agua la importancia que se merece como recurso fundamental sobre el que se asienta el progreso social y económico de todas las comunidades. Aún así, más vale tarde que nunca, y lo cierto es que en las últimas dos décadas, especialmente gracias al impulso de los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han hecho enormes progresos en la materia: 2.600 millones de personas ya cuentan con acceso a agua potable y otros 2.100 millones disponen a día de hoy de instalaciones de saneamiento adecuadas.
Sin embargo, no hay que perder de vista que 748 millones de personas todavía no disfrutan de acceso a una fuente de agua potable y otros 2.400 millones no cuentan con servicios de saneamiento adecuados. Por este motivo es tan necesario el compromiso de todos los actores sociales con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se debaten hasta el 11 de diciembre en la COP21. En especial con el número seis, agua limpia y saneamiento, ya que este preciado recurso es esencial para la realización del resto de ODS en la agenda mundial para 2030.
Veo conveniente mencionar en este punto la Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que define el derecho al agua como el derecho de cada individuo a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Dicho esto, me gustaría ahondar en el significado de cada uno de estos cinco conceptos para constatar qué implican exactamente y cómo su incumplimiento repercute en el bienestar humano.
En primer lugar, el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo. Se calcula que cada persona necesita al día entre 50 y 100 litros de agua para cubrir sus necesidades más básicas como la preparación de alimentos o la higiene personal. Para poner en relieve la importancia de que el agua sea suficiente, cabe apuntar que la mayoría de personas que carecen de acceso a este recurso utilizan alrededor de 5 litros al día, lo que representa una décima parte de la media diaria utilizada al tirar de la cisterna del retrete en los países desarrollados.
En segundo lugar, el hecho de que el agua tenga que ser «saludable» implica que ésta debe estar libre de microorganismos y sustancias contaminantes que pongan en peligro la salud pública. Este punto está estrechamente relacionado con el saneamiento, 964 millones de personas en el mundo se ven obligadas a practicar la defecación al aire libre por falta de retretes, letrinas y servicios de alcantarillado adecuados. Además de proporcionar la instalación de infraestructuras pertinentes, es necesario promover campañas para concienciar del hábito del lavado de manos con agua y jabón como medida de protección básica frente al contagio de enfermedades.
En tercer lugar, la Observación General nº 15 especifica que el agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables tanto para uso personal como doméstico, de la misma forma que los servicios de agua deben ser sensibles a la cultura de cada lugar y abogar por la no discriminación, especialmente en materia de géneros, garantizando la privacidad y seguridad de las mujeres. Por otro lado, el agua tiene que ser físicamente accesible; para cumplir con este parámetro se considera que la fuente de agua debe hallarse a menos de 1.000 metros del hogar para que el tiempo de desplazamiento sea de 30 minutos como máximo. Por último, el agua debe ser asequible, esto implica que su coste no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, con el objetivo de que su precio no impida la adquisición de otros bienes fundamentales como alimentos, servicios de salud o educación.
Como cada 10 de diciembre, hoy celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos, una jornada del todo oportuna para reivindicar el gran valor del agua en la consecución de un mundo más sostenible y equilibrado para el año 2030. Actualmente 1.200 millones de personas viven aún en la pobreza extrema y en zonas donde el agua escasea físicamente. Alcanzar la cobertura universal de servicios de agua y saneamiento supondría una inversión 53.000 millones de dólares estadounidenses anuales durante cinco años, lo que representa tan sólo un 0,1% del PIB mundial (datos de 2010). Está en nuestras manos hacer realidad lo que para muchos constituye una verdadera utopía, disponer de agua y saneamiento como garantía de calidad de vida.